El pasado lunes 4 de enero se dio a conocer la decisión de CORFO de adjudicar la licitación del Instituto de Energías Limpias (ITL) al consorcio norteamericano Associated Universities Inc. (AUI), lo que ha generado un debate nacional protagonizado por senadores/as, diputados/as e investigadores/as, tanto de las universidades del Consejo de Rectores como de otros organismos relevantes a nivel nacional.
Como Consejo de Rectores nos hacemos parte de dicho debate, puesto que se trata de una decisión de alto impacto, no solo por los montos asociados (193 millones de dólares en 10 años), sino principalmente porque esta iniciativa representa una oportunidad única e invaluable para la investigación, fortalecimiento de capacidades de transferencias de tecnología e innovación y, en definitiva, para el desarrollo de Chile. Lo anterior dado que el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) impulsado por CORFO -como parte de un acuerdo entre la entidad estatal y la empresa SQMSalar-, tiene como propósito impulsar la energía solar, la minería sustentable (de bajas emisiones) y materiales avanzados de litio y otros minerales.
Cuestionamos una decisión como esta porque desestima la propuesta presentada por la Asociación para el Desarrollo de Tecnologías Limpias (ASDIT), consorcio nacional e internacional integrado por universidades chilenas de reconocida trayectoria en investigación y tecnología -Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, Universidad de Tarapacá, Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Adolfo Ibáñez-; además de empresas mineras y energéticas instaladas en Chile; Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), centros científicos y tecnológicos de Alemania, Australia, Reino Unido, España, entre otros; y una larga lista de otras entidades asociadas. Se trata de una alianza sin precedentes en el país, que planteó una ambiciosa agenda vinculada y co-construida con la región de Antofagasta, cuyo fin es liderar un nuevo cluster para Chile y desde Chile, con nuestras propias capacidades y con impacto global.
Nos preocupa el resultado de esta licitación pues nos parece un despropósito que un consorcio internacional, con escasos vínculos con el mundo minero y energético chileno, pretenda liderar a través del ITL una propuesta de desarrollo sustentable en la región de Antofagasta y de una nueva e importante industria para nuestro país.
En este escenario, cabe preguntarse cuál es la real política de fomento al desarrollo de capacidades propias para la innovación que se propone para el país. Con esta decisión Chile arriesga la posibilidad histórica de apalancar recursos y generar voluntades sinérgicas entre la industria, la academia, la innovación de punta, la comunidad local y el vínculo con los territorios, de manera de ser verdaderos protagonistas del desarrollo tecnológico para la acción climática mundial a través del desarrollo del hidrógeno verde.
Nuestro cuestionamiento se relaciona además con la falta de transparencia en el proceso de evaluación de los proyectos. Con la información disponible hasta ahora, sabemos que en la primera evaluación, por parte de un jurado independiente con un organismo internacional, la propuesta de ASDIT resultó con el mayor puntaje. Por lo mismo, llama la atención el cambio en la evaluación de las fases siguientes -interna de CORFO y Consejo de Ministros-.
También resulta preocupante que en esta licitación no se haya aplicado la rigurosidad y los procedimientos que habitualmente se exigen para los instrumentos de fomento a la investigación con financiamiento público. Específicamente nos referimos a que, junto a la evaluación por parte de paneles internacionales, también se consideran presentaciones de propuestas y comités asesores locales de base técnica, a fin de comprender en profundidad las propuestas.
A juicio del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, una decisión tan relevante para el país debe responder a una estrategia de desarrollo a largo plazo que fortalezca el sistema de ciencia y tecnología de Chile y que potencie los diversos territorios, sus recursos naturales y que beneficie a la ciudadanía.
En consecuencia, nos parece grave que se haya optado por el consorcio norteamericano, conformado por nueve universidades norteamericanas (Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, John Hopkins, Rochester y Yale) y las universidades chilenas del Desarrollo, San Sebastián, Autónoma de Chile y Atacama, ya que refleja que no existe un interés legítimo por potenciar, validar y reconocer capacidades nacionales.
Considerando la relevancia del Instituto de Energías Limpias y su impacto en el desarrollo de innovación en una temática estratégica para el país, nos vemos obligados a hacer un llamado a revertir esta decisión e implementar un nuevo proceso de licitación pública que dé garantías de objetividad, transparencia y ecuanimidad.
Fuente: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
