El espacio inició durante el mes de junio con el propósito de profundizar sobre aspectos legales de educación y laborales en torno a la inclusión, finalizando el pasado viernes.

¿Cuáles aspectos se han desarrollado para contribuir en la implementación de las políticas públicas en materia de inclusión? fue la pregunta planteada por la académica Mg. Rosa Nilo (UMCE) para explicar las diversas normativas en relación a inclusión y atención a la diversidad, acordadas para mejorar las condiciones y oportunidades de las personas con discapacidad.

Pese a que es de conocimiento universal que la educación es un derecho humano, y sin duda alguna son grandes los avances que han sido concretados gracias al trabajo realizado por organizaciones a nivel mundial, como la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, lo cual ha permitido que los países miembros puedan pensar e integrar la temática de la inclusión en sus respectivas políticas públicas. No obstante, aún falta un largo camino por recorrer para que ésta sea igualitaria para todas las personas.

“Dentro del paradigma de la inclusión, estamos aspirando al desarrollo de escuelas inclusivas, donde todos los estudiantes -sin excepción- puedan aprender, y principalmente se reconozca la diversidad, la particularidad y la singularidad de los sujetos, desde una construcción de la cultura que sea inclusiva ante el aprendizaje”, explicó la profesional.

En ese sentido, la académica de la UMCE enfatiza en que recae una real importancia en la participación que tenga la comunidad en la toma de decisiones y generación de las políticas públicas, y sobre todo en la aplicación y mejoramiento de éstas. “Las políticas de educación inclusiva, son una política de Estado, por lo tanto, todos los gobiernos tienen el deber de encargarse de ella y avanzar en estas materias (…) Hemos ido transitando a una escuela inclusiva, que se abre a la diversidad, pero aún está la mirada homogénea de la educación, donde sólo lo distinto es visto como parte de esa inclusión. Aún no llegamos a lo que se espera de una verdadera escuela inclusiva”.

Por ello, la especialista sugiere reconocer a la diversidad como algo natural de todas las personas, puesto que esto permitirá plantear estrategias metodológicas de aprendizaje que puedan ser aplicadas para todos los estudiantes por igual.

Políticas nacionales

Dentro de las normativas chilenas, una de los primeros que empezó a incorporar una perspectiva de integración fue el Decreto 170, revisando aspectos más del ámbito administrativo. Posteriormente se crea el Decreto 83 que realiza sugerencias respecto a técnicas pedagógicas.

“El Decreto 83 surge en un contexto donde ya la Ley General de Educación hablaba sobre flexibilidad y de un currículo situado, es decir, que se ajuste a las necesidades y características de la Escuela y se refleje en el proyecto educativo de cada institución. Es un Decreto más técnico y más focalizado en el aprendizaje del aula, que busca diversificar y se enfoca en un trabajo colaborativo” señaló la académica.

Respecto al Decreto 67, la Mg. Nilo explicó que éste promueve avanzar hacia una mirada pedagógica de la evaluación y hacerse cargo del acompañamiento de los estudiantes. “La evaluación surge importancia desde una mirada formativa, se deben generar mecanismos para que los estudiantes cursen todas las asignaturas, y se entiende a la escuela como un espacio que sitúa el cómo va a evaluar los procesos de aprendizaje. Se respeta la singularidad y la diversificación de todos los sujetos, puesto que todos aprendemos de forma distinta, y se incorpora esta mirada desde la evaluación auténtica”, manifestó.

El ciclo de seminarios fue organizado por el Plan de Apoyo Integral, en colaboración con la Oficina de Seguimiento al Egresado (OSE) y la Unidad de Gestión Integrada de las Pedagogías (UGIP).

Escrito por Daniela Ledezma, Plan de Apoyo Integral